Hace dos semanas una amiga, desesperada por salvar a su madre, pagó 1 500 pesos por un blíster (tres pastillas) de azitromicina; hace dos días, una colega de Radio Surco denunciaba en su perfil en Facebook la venta ilegal de igual cantidad del propio medicamento, al precio de ¡4000 pesos! Pareciera que el valor de los medicamentos en el mercado informal es proporcional a la agudización de la pandemia.

La comercialización ilegal de medicamentos es un fenómeno que ha proliferado en Cuba, aunque de manera más discreta, durante los últimos años. La inestabilidad en la producción de fármacos, fundamentalmente por limitaciones para adquirir materias primas, como consecuencia del bloqueo económico estadounidense contra Cuba, ha condicionado un crecimiento de estos hechos, al margen de los esfuerzos que realizan los órganos de control y enfrentamiento operativo para hacer cumplir la Ley.

En medio de la crisis sanitaria generada por el virus del SARS-CoV-2 y el arreciamiento del cerco económico contra la Isla, las tensiones se acentúan ante la imposibilidad de producir cantidades suficientes que satisfagan las necesidades sanitarias, situación aprovechada por individuos inescrupulosos para lucrar a costa de las penurias.

La lógica indica que buena parte de los fármacos propuestos a la venta en espacios públicos como las redes sociales― fundamentalmente en Revolico, convertida en plataforma de ilegalidades, delitos y hasta de subversión contra Cuba― son sustraídos de centros asistenciales pues, difícilmente usted hallará azitromicina en alguna farmacia y el Rocephin es solo de uso intrahospitalario.

Lo dice el refranero popular: “Verde y con puntas, ¡guanábana!” Y no existen posibilidades de confusión entre los medicamentos de producción nacional y los importados por personas que viajan al exterior, porque las presentaciones son diferentes.

No obstante, cualquiera que sea el origen, la compraventa de fármacos es un acto ilegítimo, merecedor del repudio popular, aunque en momentos de desesperación las leyes se transgreden y los valores humanos se olvidan durante compras de medicinas de ¿dudosa? procedencia, incluso por las mismas personas que se preguntan si provienen de actos criminales como dejar de suministrarlos a pacientes para los cuales fueron destinados.

Aunque no seamos capaces de percibirlo cuando de esos procederes dependa la vida de un ser querido, en estos hechos “tanta culpa tiene el que mata la vaca, como el que le aguanta las patas”, como también enuncia un aforismo. Ciertamente, la sustracción y venta, son los hechos más cuestionables, sin embargo, la compra es una manera de hacerse cómplices de quién sabe qué monstruosidad.

En los últimos meses, con más fuerza en las semanas recientes, las redes sociales también han sido plataforma para las denuncias de cientos de ciudadanos, en su mayoría preocupados por la evidente procedencia de los fármacos y la aplicación de precios abusivos, sin embargo, como expresara este sábado el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel-Bermúdez, hemos sido pasivos ante estos incidentes.

Si antes los responsables de contener tales hechos ―directivos y trabajadores de centros asistenciales, órganos de control y de enfrentamiento operativo― no sintieron suficiente responsabilidad y compromiso para actuar con rigor ante las demandas populares, ahora es una decisión gubernamental, acompañada de una sentencia clara: “no puede haber contemplación con la venta ilegal de medicamentos”. 

Desde este viernes, el Grupo Temporal Provincial para la Prevención, Enfrentamiento y Control de la COVID-19, presidido por el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, informó la identificación de hechos de esta índole en los hospitales provinciales de Ciego de Ávila y Morón, y emitió orientaciones precisas para arremeter contra quienes tienen la desfachatez y desvergüenza de ponerle precio a nuestra vida, justamente en tiempos de pandemia.