Priorizan atención a vulnerabilidades sociodemográficas en Ciego de Ávila

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Priorizan atención a vulnerabilidades sociodemográficas en Ciego de Ávila

 

La provincia de Ciego de Ávila implementa políticas públicas para atender vulnerabilidades sociodemográficas relacionadas con el creciente envejecimiento  poblacional, al existir un 20 por ciento de los habitantes con 60 o más años de edad.

 

Se prioriza el mejoramiento de las condiciones de vida en los ámbitos donde están insertados los más de 55 300 adultos mayores (incluidas 16 casas de abuelo y viviendas) y se promueve el acercamiento de los servicios sociales, la formación de cuidadoras y la incorporación a la vida laboral activa, según informe del Gobierno Provincial del Poder Popular.

Otras acciones están orientadas a las madres con más de tres hijos para satisfacer demandas relacionadas con la construcción, ampliación, rehabilitación y legalización de viviendas; el otorgamiento de subsidios y las necesidades de ofertas de empleo.

El aumento de las capacidades en los círculos infantiles y la ampliación de las cuidadoras de niños como alternativa para las madres que residen en lugares apartados de esos centros educacionales, también constituyen estrategias para estimular la natalidad en el territorio.

Salud Pública perfecciona la atención a la pareja infértil, desde su sistema de atención primaria hasta las instituciones provinciales y de alta tecnología, con resultados positivos en el diagnóstico y tratamiento de dificultades para reproducirse, y en el logro de embarazos.

El Grupo de Atención a la Dinámica Demográfica da seguimiento a los matrimonios jóvenes y las madres con dos hijos, de manera fundamental en los municipios de Chambas, Bolivia, Ciro Redondo, Ciego de Ávila y Venezuela, considerando el desfavorable comportamiento de la tasa bruta de fecundidad.

De acuerdo con la información ofrecida por el Observatorio Demográfico, la totalidad de los municipios registra un incremento significativo en la cifra de personas con edades avanzadas, aunque sobresalen Florencia, Chambas y Majagua, con grados de envejecimiento de 25.1, 21.6 y 22.1 por ciento, en ese orden, según el cierre del año 2020.

La situación se debe al descenso de las tasas de fecundidad general y global, y la bruta de reproducción, con énfasis en las localidades señaladas, al quedar por debajo de la media provincial, lo que indica un decrecimiento del ideal de hijos, en tanto, el reemplazo de la población registra valores ínfimos.

Con una densidad poblacional de 62.4 habitantes por kilómetros cuadrados y un total de 435 mil 326 ―datos del cierre del periodo 2020― la provincia mantuvo una tendencia al aumento de la población en el último cuatrienio, sin embargo, se registró un declive durante el año precedente, como consecuencia de la reducción natural de los nacimientos.

Durante la pandemia de COVID-19 se ha garantizado la atención a los segmentos vulnerables de la población, incluidos niños, embarazadas y ancianos, al establecer servicios de mensajería que propiciaran su permanencia en el hogar; y se dispusieron los centros de salud y recursos necesarios para asistir a los contagiados.

Conforme a los preceptos establecidos en el Capítulo II de la Constitución de la República de Cuba, referido a los Derechos, se garantiza la protección a las personas impedidas de laborar y familias en condiciones de vulnerabilidad, y son reconocidos los derechos a una vivienda adecuada, un hábitat seguro y saludable, la salud, educación, el deporte, la cultura y recreación sana.

En cumplimiento de la Carta Magna también se aseguran otras condiciones para elevar la calidad de vida de la población, como el acceso al agua potable, saneamiento y la alimentación sana y adecuada, así como al consumo de bienes y servicios con las aptitudes requeridas.

A favor de la ancianidad, el Artículo 88 de la Ley Fundamental instituye: “El Estado, la sociedad y las familias, en lo que a cada uno corresponde, tienen la obligación de proteger, asistir y facilitar las condiciones para satisfacer las necesidades y elevar la calidad de vida de las personas adultas mayores. De igual forma, respetar su autodeterminación, garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y promover su integración y participación social”.