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    Destacan la magnitud del Anteproyecto del Código de las Familias

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    Destacan la magnitud del Anteproyecto del Código de las Familias

     

    El Anteproyecto del Código de las Familias gana espacio en la sabiduría popular mediante los intercambios que sostienen miembros de la Unión de Juristas de Cuba (UNJC) en la provincia de Ciego de Ávila con cuadros y funcionarios de instituciones políticas y sociales.

     

    Los encuentros han ampliado los conocimientos sobre esta propuesta de legislación en dirigentes del Partido y Gobierno, entidades de subordinación local, la Federación de Mujeres Cubanas, Cultura, el Consejo Electoral, Vivienda y Educación, destacó Edelso Pérez Fleita, presidente del gremio de los juristas en el territorio avileño.

    Todos los jueves, a partir de las 2:00 pm, el Capítulo Provincial de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia realiza un evento abierto en la Filial Provincial de la UNJC, a lo cual se suman otras iniciativas como laDestacan la magnitud del Anteproyecto del Código de las Familias

    colocación de materiales didácticos en las redes sociales, añadió.

     

    Consideró pertinente extender las discusiones a barrios, instituciones de enseñanza y la totalidad de los centros laborales para resaltar la utilidad de este instrumento en la prevención y enfrentamiento a la violencia, la protección a los adultos mayores y discapacitados, y la solución a conflictos familiares.

    Criticó la tendencia a reducir el contenido del Anteproyecto a uno o dos artículos ―cuando en realidad se trata de un conjunto de normas importantes para el desarrollo―, incidente que conlleva a reforzar la labor de comunicación social, con la finalidad de que el pueblo comprenda y apoye este documento, que será sometido a referendo popular.

    Con esta propuesta se amplían las variantes del régimen económico del casamiento para lograr mayor autonomía de los cónyuges en la decisión más favorable a sus intereses; además de actualizar y perfeccionar las instituciones jurídico-familiares: el parentesco, la obligación de dar alimentos, el matrimonio, la unión de hecho, la filiación, las relaciones parentales; y otras políticas de guarda y protección.

    Cubadebate destacó que se protege la maternidad y la paternidad, y la promoción de su desarrollo responsable en sinergia con el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito familiar.

    Asimismo, se proyecta a favor de la igualdad, la no discriminación y dignidad humana; fortalece la responsabilidad familiar desde el punto de vista emocional, educativo, formativo y económico en la atención a sus miembros; y sitúa el amor, el afecto, la solidaridad en lo más alto de los valores familiares.

    Reina de la Caridad Torres Pérez, diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular insistió en que los juristas cubanos afiancen su labor orientadora, con el objetivo de que el pueblo comprenda lo revolucionario, atemperado y moderno que aspira a ser ─y es, desde la concepción de su nombre─ esta normativa, con una visión más holística sobre el significado y las manifestaciones de la familia cubana.

    Los análisis no deben reducirse a una cifra ínfima de artículos, considerando la amplitud e intención de la propuesta, diseñada con visión futurista y defensora de los derechos civiles, las relaciones sociales y humanas, recalcó.

    Hay cuestiones que requieren de orientación y educación cívica, familiar, moral y política, por tanto, las instituciones sociales y los medios de prensa desempeñan un rol decisivo para lograr un entendimiento real y no formal, que trascienda los ámbitos de la tolerancia y la adhesión a criterios mayoritarios.

    Esa herramienta expresa el carácter inclusivo de la sociedad cubana, el interés de superar dificultades en la protección de la ciudadanía, y se ajusta a las dinámicas poblacionales, sobre la base de los preceptos constitucionales, manifestó.

    Se refirió, además, a su estrecha relación con las restantes normativas aprobadas en el Parlamento cubano, como parte de la reforma procesal y judicial que se ejecuta en el país para materializar las disposiciones de la Ley Fundamental y avanzar en el proceso de institucionalización.

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