La palabra empeñada de los guajiros suele ser ley en el campo, ¿acaso por eso la cuidarán tanto salvándose a sí mismos de posibles violaciones o tropiezos? ¿O será que algunos apuestan veleidades tanteando una realidad que se acomode a sus compromisos y no viceversa? ¿Hasta dónde lo pactado se convertirá en carne y leche, o se quedará en el trecho que va del dicho al hecho?
Ninguna de esas interrogantes puede ser respondida en febrero. Y, muy probablemente, tampoco en marzo. Si bien las cifras actuales ya van poniendo en entredicho las aspiraciones, todavía es corto el tiempo para juzgar la objetividad de contrataciones que, traducidas en planes, deberán poner litros de leche y kilogramos de carne sobre la mesa.
Aun cuando a mediados de este mes las contrataciones de 2023 indicaban que la leche casi llegaba al 100 por ciento de lo demandado, cifrado en 15 millones 721 900 litros (L) y las cerca de 2500 toneladas (t) de carne de la canasta básica y el consumo social, se quedaban al 64 por ciento (apenas 1600) lo incluido en los papeles hasta ese momento no aseguraba su “estricto cumplimiento”.
Esa misma semana, durante una reunión que analizaba dichos indicadores, se manifestaba: la provincia quedaba por debajo de lo acordado en 8000 L de leche y 11 t de carne de res. Entonces, varias interrogantes se imponían en el escenario. “¿Cómo es posible, por ejemplo, que en una semana varios municipios hayan avanzado en su contratación, que los responsables hayan visitado los lugares, y no se haya aportado lo que ya estaba asegurado desde antes? ¿Para qué contratamos si, al final, no llega la leche? ¿Si ahora que estamos de lleno en este asunto, no se cumple, qué pasará al terminarse los recorridos de la contratación?”.
Con tales preguntas, el miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en el territorio, Liván Izquierdo Alonso, inquiría a las autoridades locales. Y lo decía, incluso, desde la certeza de quien acababa de demostrarlo 24 horas antes, en visita a 12 fincas o unidades.
“Vimos desde guajiros con cuatro vacas que no aportaban ni un litro de leche, otros que entregaban solo dos, y hubo hasta quien dijo que la leche que tenía era para alimentar a los terneros de sus vacas. ¿Y los niños?”, reclamaba el primer secretario.
Por historias como esas es que cuestionó allí que lo contratado obedeciera a potencialidades reales y no a planes cómodos, pues “aunque en enero la provincia cumplió y casi ninguna lo hizo, debemos decir que fue un plancito pequeño y que la comparación ha de ser entre nosotros mismos, con lo que todavía podemos tributar”.
En papeles esas cifras no son lineales, porque obviamente las condiciones de enero —donde los planes indicaron unos 25 000 L diarios, 2000 menos que en enero de 2022—, no son similares a las de mayo lluvioso; pero en la práctica las reservas quedan manifiestas, por ejemplo, en la venta particular de quesos, cremitas o litros de leche que no van al Lácteo, amén de que la política de comercialización dejó claro que los sobrecumplimientos no tienen que comercializarse allí.
Los extremos han llegado a un punto que, durante recorridos en diciembre, Invasor reflejó la postura de ganaderos que plantearon “con total naturalidad, pagarle a la industria los 10.00 pesos por cada litro no entregado —tal y como se indemniza el incumplimiento— para poder disponer de la producción”. Lo contaba, estupefacto, Osvaldo Morales Batista, el director del Lácteo, quien se hacía eco de la sencilla cuenta que sacaban los productores: le dan a la industria 10.00 pesos y pueden vender el litro en la calle a 100.00. Estímulo redondo para incumplidores.
Quizás por ello, casi al concluir el último mes del año, solo había podido contratarse el 33 por ciento de la leche de 2023. Faltaban unos 8 millones de litros por buscar, admitía Leonardo Pérez Rodríguez, subdelegado de Ganadería en la Delegación Provincial de la Agricultura.
Enero revelaba mejor escenario, a pesar de mantenerse la deuda contractual en casi cuatro millones de litros y de que alrededor de 400 ganaderos no honraran sus acuerdos actuales, poniendo en jaque las dietas médicas; razón por la cual se hablara en términos de “prioridad entre prioridades”.
No sería hasta la mitad de febrero que las autoridades ganaderas pudieron hablar del 99 por ciento de lo contratado en la leche, mientras las irregularidades salidas a flote en los potreros volvían a demostrar que es allí —y no detrás del buró— donde se cuadran las cuentas.
Un equipo liderado por el Partido y el Gobierno del municipio cabecera lograría, en papeles, medio millón de litros para 2023, en apenas una semana desandando el campo. El resultado sería revelador: más de 200 productores que a esa altura del año todavía no habían establecido contrato con el Lácteo.
En paralelo, otros grupos recorrían cada municipio y el levantamiento dejaba al descubierto reses que no aparecen en los potreros ni tampoco en los números de hurto o muertes. El descuadre apuntaba a campesinos de Majagua que podrían haber trasladado sus reses a la provincia vecina o estar acopiando su leche por allá. Las causas se investigaban, al tiempo que el subdelegado de Ganadería visitaba Limones Palmero este miércoles, poniendo en tela de juicio lo informado desde la base.
La propia jefa de Genética y Control Pecuario en la provincia, Rubiseyda Martínez Aguilar, lo aclaraba: “El conteo nacional lo ejecutan las bases productivas, de conjunto con la empresa. Nosotros somos una oficina, no radicamos en el potrero y certificamos esos números. Por eso es responsabilidad de ellos, en primer lugar”.
No obstante, la información —incluso la fidedigna— tendría que traducirse luego en hechos concretos, lo que no sucedía, al menos, en todos los municipios chequeados. Del 1ro. al 8 de febrero, Chambas se quedaba debiendo 1100 litros de leche; Morón, 400; Bolivia, 600; Baraguá, 5000; Venezuela, 2000…
El cumplimiento del plan en la entrega de carne se comportaba, otra vez, por debajo de lo esperado, con sobrepeso en el atraso para Ruta Invasora y la Empresa Agropecuaria Integral Ciego de Ávila. Sin embargo, no eran noticia. Las deudas del Cárnico en esta provincia tienen larga data.
Más allá de reiterados desajustes en las pesas y del decrecimiento de la masa, dado por baja natalidad y aumento del hurto y sacrificio, los animales también llegan muy flacos al matadero, decretando una lógica invariable: se necesitan más reses para obtener el peso acordado.
Es un cálculo de rebaño que incluye toretes, toros de ceba, sementales, bueyes, novillas y vacas.
Según Leonardo Pérez, se establecen porcentajes y kilogramos que el ganadero debe cumplir, aun cuando no es obligatorio su aporte en cada categoría. “Del buey y el semental se extrae el 10 por ciento, con 450 kilogramos (kg); a la novilla, igual que al torete, se le aplica el 7 por ciento, con 270 kg; la vaca, que el año pasado se extraía un 11 por ciento, ahora es un 8, con 345 kg”.
La idea, refiere el subdelegado, es tener una noción frente al rebaño del ganadero y evaluar cada caso, pues “puede ser que sus vacas no sean viejas o rindan en el ordeño, y esos kilogramos decida entregarlos en bueyes, digamos”.
Completar las cerca de 2500 t de la canasta básica y el consumo social dependen, en buena medida, de que cada kilogramo no se desvíe, ni siquiera a otros destinos autorizados, de ahí que “un acuerdo del Ministerio de la Industria Alimentaria estableció paralizar la producción hacia otros destinos hasta tanto no se concluya, primero, con el destino principal”, apuntaba Yaisel Vega, delegado de la Agricultura en el territorio.
De modo que Turiguanó tendrá que destinar 2185 t para el Turismo, y Ruta Invasora aportar otras 920; sin que ello, coincidieron los directivos, afecte la cuota de la población.
La mayoría de los criterios concuerdan en que, tanto en la leche como en la carne, quedan reservas en los potreros para 2023. Pero, por ahora, las contrataciones son solo teoría que los días irán desmintiendo… o confirmando.