Unos 36 millones 841 789.00 pesos ingresó al presupuesto del Estado la provincia desde que comenzó, el 8 de enero último, la Campaña de Declaración Jurada (DJ) del Impuesto sobre Ingresos Personales obtenidos en 2023, sin embargo, la cifra está lejos aún de lo que debiera, como consecuencia de atrasos en el proceso en varios municipios.
Sandra de la Caridad Torres Tejeda, jefa del Departamento de Servicios de Atención al Contribuyente, en la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), en el territorio, explicó a Invasor que solo se han presentado 4 543 declaraciones juradas, con los mejores indicadores en los municipios de Florencia y Morón.
Recordó que la campaña se extiende hasta el 30 de abril, amparada en la Ley 164 del Presupuesto del Estado para este año, pero los resultados denotan desconocimiento de la disciplina tributaria, pues los morosos perdieron los beneficios que se otorgaban a quienes realizaran sus pagos antes del 28 de febrero, o lo hicieran mediante el uso de los canales electrónicos, tales como el descuento del cinco por ciento por pronto pago, y la reducción de otro tres por ciento si, además, lo hacía por una de las pasarelas digitales como Transfermóvil.
Precisó que, según lo dispuesto, deben elaborar el documento conocido como DJ08 todos los cuentapropistas (TCP), artistas y creadores del sector de la Cultura, y su personal de apoyo; comunicadores sociales y diseñadores; y trabajadores de sucursales extranjeras que reciben gratificaciones.
La provincia, dijo, ha logrado, en los últimos años, que el ciento por ciento de los contribuyentes realice su declaración de ingresos y el pago correspondiente, parámetros que pretenden alcanzar nuevamente, de ahí que mantienen la ejecución de acciones en zonas de alta concentración de TCP, como los bajos del edificio 12 plantas, terminales de ómnibus y ferrocarriles, hospitales y repartos muy concurridos. Allí se les brinda asesoría y explica cómo elaborar la DJ, qué cambio tiene este año, dónde presentarla y correcciones que pueden hacerse.
No obstante, hoy las alarmas están dirigidas a la campaña de declaración de utilidades, en la cual deben argumentar sus ingresos todas las personas jurídicas inscritas en los registros de la ONAT, a las que se le suman todas las micro, pequeñas y medianas empresas, aunque estuvieran en beneficio fiscal por seis meses o sean de nueva inscripción, así como, también, los proyectos de desarrollo local.
Torres Tejeda subrayó que este proceso concluye el próximo 31 de marzo, con la particularidad, además, que debe hacerse en formato digital y usar la firma digital de los titulares, lo que ha traído demoras en los trámites necesarios mediante la Empresa de Aplicaciones Informáticas Desoft, o la Empresa Productora de Software para la Técnica Electrónica, Softel.
Es un proceso nuevo, que ha requerido asesoría, señaló la especialista, pero insistió en que no hacerlo antes de esa fecha límite puede conllevar sanciones por incumplimiento de la disciplina tributaria.
Destacó el trabajo del municipio de Primero de Enero, que ya concluyó el ciento por ciento del proceso, y de Bolivia, con más del 80 por ciento; en tanto la situación más compleja se presenta en Venezuela, que solo está al 32 por ciento de lo previsto, y Ciego de Ávila, por la cantidad de involucrados.
Ante la cercanía del cierre de este importante paso, las Oficinas de Administración Tributaria en los territorios intensifican las acciones para la asesoría de los implicados, llamadas de apremio a las entidades y establecimiento de compromisos para la entrega de la documentación.
Lograr que paguen todos los que deben hacerlo es un paso indispensable para el buen desenvolvimiento de la economía nacional y garantía de programas sociales.