Las yucas en ocasiones no se ablandan y parece que tampoco el corazón de quienes las comercializan en los mercados agropecuarios estatales (MAE) al precio topado (4.00 la libra), en plena cosecha de esa vianda y en una provincia eminentemente agrícola.

No puede existir justificación para que en Cienfuegos, un territorio cuya economía se sustenta en el desarrollo industrial, el precio máximo de ese alimento esté por debajo del fijado en los predios avileños, donde la productividad de las tierras representa una de las mayores riquezas. “En casa de herrero, cuchillo de palo”, como enuncia el refranero popular.

A ello súmele la marcada tendencia a acogerse a los costos máximos, muchas veces desatendiendo (¿acaso es este el término adecuado?) las condiciones de los productos, al venderlos como de primera calidad cuando la imagen sugiere una tercera y, en no pocos casos, con condiciones para su descomercialización.

Detrás de tales actitudes y debajo de murales que promulgan los derechos de los consumidores, se producen flagrantes violaciones a la correlación calidad-precio, las cuales perfectamente y, atendiendo a su condición de reiteradas, pudieran tipificarse como delitos de Incumplimiento de las Normas de Protección al Consumidor. Tampoco podemos desestimar que detrás de estas conductas se oculten hechos de Enriquecimiento Ilícito, a partir de posibles adulteraciones de precios.

Especial relevancia adquiere el enfrentamiento riguroso a estos hechos en el contexto de la Tarea Ordenamiento, en la cual no somos espectadores, sino activos participantes; por tanto, no podemos limitarnos a evaluar la correspondencia entre ingresos, gastos y beneficios.

Como ciudadanos y, al amparo de las legislaciones vigentes, tenemos el derecho y la obligación de denunciar lo que algunos resumimos en la palabra robo, al calor del estremecimiento de nuestros bolsillos como consecuencia de desajustes y la falta de compromiso con gestiones desarrolladas en el país para sobrevivir a una profunda crisis mundial, agudizada por los efectos de la pandemia de Covid-19 y el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno estadounidense a la Isla.

No es tiempo para desentenderse de los asuntos que a todos nos competen, ni es correcto esperar a que actúe el policía o el inspector estatal que, evidentemente, no pueden permanecer en todos lados ni proceder sin el apoyo popular y la integración de las organizaciones políticas y de masas.

En una nación que se forja sobre la máxima martiana de “con todos y para el bien de todos”, existen todos los mecanismos para el enfrentamiento popular y la denuncia oportuna, porque la vox populi es y seguirá siendo el medidor esencial de la efectividad de los procesos inherentes a la actualización del modelo económico cubano. Así lo evidencian la flexibilidad, los reajustes y la atención a inquietudes de la población en medio de la implementación de la Tarea Ordenamiento.

Como parte del acompañamiento popular a este proceso, también se ha definido la necesidad de incrementar los niveles de eficiencia y productividad, generar mayores ofertas que posibiliten una reducción de los precios y favorecer la competitividad en el mercado nacional e internacional.

En este empeño, se impone continuar el fomento de los programas de desarrollo local para lograr el autoabastecimiento y desterrar la inercia en el fortalecimiento de la empresa estatal socialista, con la imprescindible integración de la ciencia, la tecnología y la innovación, según lo indicado por el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El propio mandatario ha expresado, recientemente, en su artículo Ciencia e innovación como pilar de la gestión de gobierno: un camino hacia los sistemas alimentarios locales, que “la mirada está puesta en el desarrollo sostenible, la satisfacción de necesidades alimentarias y nutricionales de la población y la atención a la accesibilidad, calidad e inocuidad de los alimentos”.

Por tanto, se impone hacer y de inmediato. Solo así lograremos que las yucas del MAE donde habitualmente compramos o las de trabajadores por cuenta propia (promotores muchas veces de precios abusivos y especulativos), no constituyan la única opción, al existir la posibilidad de adquirir otras por igual o menor precio, incluso, con mejor calidad.