A propósito de los recientes debates en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), Reina Torres Pérez, diputada por el territorio avileño y miembro de la Comisión Agroalimentaria, destacó el impacto social del Decreto Ley No. 129/2019 “Ley de Pesca” en la provincia.
Durante los intercambios en las comunidades de Punta Alegre y Júcaro, ubicadas en los litorales norte y sur, en ese orden, se constató la disposición para respaldar el desarrollo económico de la nación, de manera particular el Programa de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, enfatizó.
Los trabajadores vinculados a esa actividad reconocieron beneficios como la inclusión y el reconocimiento de los deberes y derechos de los integrantes del sector no estatal, en consonancia con las transformaciones económicas y sociales que se ejecutan en el país, dijo la parlamentaria.
Pescadores de ambas localidades consideraron oportuno reevaluar las contribuciones a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) cuando por cuestiones ajenas a su voluntad estén imposibilitados de emprender sus labores habituales, explicó Torres Pérez.
Asimismo, dijo, se refirieron a la conveniencia de aplicar las artes de pesca según las características de las plataformas; y abordaron el impacto ambiental de la construcción de un pedraplén en la costa sur, donde se aprecian afectaciones en la biodiversidad que limitan el desarrollo de la actividad.
La diputada avileña expuso que, tras ser aprobada la Ley de Pesca, se concibió un programa de capacitación con los pobladores costeros vinculados a esa actividad económica, cuya ejecución estuvo imposibilitada debido a las complejidades epidemiológicas en el país.
Al lograrse el control de la pandemia de COVID-19 la ANPP decidió retomar el diálogo de los diputados y representantes de la Industria Alimentaria con pescadores de más de 160 localidades de los litorales norte y sur del país, con el objetivo de evaluar el impacto económico y social de la referida legislación, y conocer las satisfacciones e inquietudes, declaró.
Resaltó que la comunicación directa con trabajadores y habitantes de las localidades de Punta Alegre y Júcaro devino oportunidad para reflexionar y determinar problemas asociados a las modalidades de pesca estatuidas por la ley vigente: comercial (estatal y no estatal), deportiva, recreativa y de investigación.
El reglamento aprobado en el año 2019 tiene entre sus propósito ordenar los recursos pesqueros bajo los principios de conservación, el uso sostenible, enfoque precautorio, la implementación de criterios científico-tecnológicos y la protección de ecosistemas.
Todo ello en correspondencia con las normativas nacionales e internacionales, los principios de seguridad y soberanía alimentaria para que de forma progresiva, flexible y efectiva se garantice la implementación de la política pesquera cubana, según consta en la legislación publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
Regula las autorizaciones de pesca, define las modalidades, dispone las bases para el funcionamiento del órgano consultivo en materia de ordenamiento pesquero; crea los mecanismos de coordinación entre los organismos de la Administración Central del Estado que intervienen en la organización de esa actividad y define las zonas de pesca.
