Todo indica que a la escalada cuesta ponerle frenos y que las sanciones de los tribunales, aun siendo excesivas en comparación con otros delitos, no han logrado contener esta infracción.

Cuando Rubiseyda Martínez Aguilar dice que 1 689 cabezas de ganado mayor fueron hurtadas en el 2021, la cifra parece de espanto porque ofrece, además, el antecedente de las fechorías en los potreros: en el 2020, “apenas” fueron 824 cabezas.

Los hechos se duplicaron. Y ni siquiera con la salvedad de que el pasado año reaparecieron 12 animales logra menguarse el impacto del dato que ofrece la jefa del departamento de Genética y Control Pecuario en la provincia.

Solo otro número podría “disimular” la gravedad de los hechos: el de las muertes, que casi multiplicó por seis el sacrificio ilegal. Si partimos de que 191 281 reses pastaban al cierre del 2021 y, según el informe de la Agricultura en su asamblea de balance, el índice de mortalidad alcanzó el 4,8 por ciento; esa es la cifra aproximada de decesos, 9 000 cabezas.

Sin embargo, aun cuando todas las muertes no fueran naturales (porque la desnutrición, la falta de agua o el mal manejo no lo son) la matanza —digámoslo como es— no es natural nunca. Se trata de sacrificio ilegal, no de sacrificio autorizado después de cumplir planes y parámetros. Por eso espantan los números, pues si habláramos de afectaciones a la economía, la cifra calculada para el sacrificio ilegal ronda los 9 millones de pesos, mientras que la de las muertes habría que multiplicarla ¿también por 6? y sumarle el costo del retroceso en la ganadería.

Porque, además, las animales que siguen pastando tampoco rinden lo que debieran. Nos quedamos debiendo millones de litros de leche y la carne que va al Cárnico, según avizoran las contrataciones, tiene más incertidumbre que libras.

El daño ha sido casi a partes iguales. “928 vacunos y 749 équidos”, informa Rubiseyda, quien asegura que el estrago ha sido notorio en varios municipios y “el análisis podría ser errado si se hace esquemático”.

“En Ciego de Ávila, por ejemplo, sacrificaron 411 cabezas y con un índice de 1.21; en Baraguá sacrificaron 232 y tiene 0.79; en Ciro Redondo, 228, y aparece con 1.60; mientras que Venezuela 187 cabezas, para un 1.04. Esos fueron los municipios con peor situación, lo que los índices fluctúan en dependencia del total de cabezas que tiene cada uno. Por eso el análisis tiene que ser por cada hecho y derivar en las causas y consecuencias”.

El propio informe de la Agricultura daba pistas al respecto y señalaba como principales causas “el descontrol de la masa por parte de las UEB ganaderas y de los privados, y conteos que no se realizan con profundidad, periodicidad y responsabilidad requerida”.

Eso era el pasado, o sea, en el 2021. No obstante, las cifras, al cierre de enero, volvían a poner la mira en las consecuencias: 235 sacrificios ilegales. 128 en el vacuno y 107 en el equino. De los malhechores seguir este ritmo, el 2022 podría duplicar al 2021 que, a su vez, duplicó al 2020… Todo indica que a la escalada cuesta ponerle frenos y que las sanciones de los tribunales, aun siendo excesivas en comparación con otros delitos, no han logrado contener esta infracción.

Los reportes de otras tres provincias también lo demuestran. Sancti Spíritus registraba 1 746 hurtos de ganado mayor, Las Tunas informaba de 4 454 cabezas sacrificadas, y Matanzas, de 1 212.