A contrapelo de cuarentenas, trabajo a distancia y restricción de la movilidad, la Contraloría provincial en Ciego de Ávila logró realizar el 60 por ciento de los controles previstos en 2021, el año más complejo del enfrentamiento a la epidemia de COVID-19.
Ese por ciento significa haber concretado 68 de las 113 inspecciones planificadas y puso en evidencia, asimismo, que la epidemia tampoco frenó los malos procederes en ambientes económico-contables del territorio. Del total de auditorías, 15 fueron evaluadas de Deficiente y Mal.
El daño económico provocado por los presuntos hechos delictivos detectados ascendió a 71.5 millones de pesos y las deficiencias, listadas por el Informe de Balance correspondiente a 2021 de la Contraloría provincial —presentado por Odalys Marta Ordaz García, Contralora Jefa Provincial—, se repiten de año en año.
Ni siquiera el primer periodo de la Tarea Ordenamiento sacó de la ecuación los incumplimientos de las formalidades legales y las cláusulas de los contratos ya firmados; los errores en la confección de los documentos primarios de los Inventarios, Activos fijos, Inversiones; faltantes y sobrantes en inventarios; pagos indebidos; cuentas por cobrar y pagar envejecidas y no documentadas; entre otras deficiencias identificadas.
Si bien “el cuartico” no está igualito, los asistentes al balance —presidido por Reynol Pérez Fonticoba, vice contralor general de la República— abundaron en cómo a más de un año de instrumentadas las nuevas Normas Cubanas de Contabilidad, aún administraciones y auditores no están del todo familiarizados con el documento, de manera que los primeros no las ejecutan y los segundos no están en total capacidad de controlarlas.
Asimismo, se concordó en que falta asesoramiento, supervisión y control por los niveles superiores de las entidades, lo que, junto al descontrol administrativo y contable, y la insuficiente preparación del personal contable, redundan en la inobservancia de la legislación vigente, incluida la Resolución 60 de 2011 de la Contraloría General de la República.
Sobre los plazos previstos para la ejecución de auditorías fiscales comentó Juana Jiménez Gutiérrez, auditora de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, quien consideró muy poco el tiempo establecido para abarcar el análisis de hasta cinco años de actividad contable en una entidad. Al respecto, Reynol Pérez precisó que, cuando sea necesario, se debe solicitar más tiempo. “Por cumplir el plan no se puede dejar a medias una auditoría. Calidad antes que cantidad”.
El muy experimentado profesor Antonio Sánchez Sibello, jefe de Preparación y Superación de Cuadros en la Universidad de Ciego de Ávila, dijo que los problemas de capacitación sobre las normas cubanas comienzan desde la enseñanza universitaria y luego se observan a todos los niveles. Todo ello, incluso cuando desde junio de 2021 se adoptó el Acuerdo 9041 en el Consejo de Ministros, encaminado a fortalecer la contabilidad en las entidades del país.
Si una instancia de control no debería sufrir los impactos de las plantillas incompletas y la falta de recursos materiales debía ser la Unidad Central de Auditoría Interna (UCAI) adscrita al Gobierno provincial, pero su Supervisor Adrián Nieto Gutiérrez expuso los principales frenos al encargo de su equipo. Fue enfático al referirse al éxodo de auditores, provocado más que por la falta de condiciones de trabajo (dígase computadoras, oficinas, medios de transporte), por la escasa atención que reciben de las instancias superiores.
“Hemos tenido situaciones donde no se elaboran planes de medidas a partir de los controles, o se espera a que venza el plazo establecido por ley para aplicar sanciones administrativas. En resumen, no se valora el trabajo de los auditores”, dijo.
Una circunstancia distinta a la de la empresa Comcávila, de acuerdo con la auditora que la representa, y también de la Delegación de la Agricultura, donde, sin embargo, empresas bajo su jurisdicción han reducido plantilla de auditores. Sobre este último particular, el vice contralor general de la República fue enfático al señalar que el Decreto 53 del Consejo de Ministros, publicado en Gaceta Oficial en septiembre de 2021, no establece la eliminación del auditor como parte de las prerrogativas concedidas al sistema empresarial para la determinación de su organización salarial.
“Cuando algo como esto suceda siempre hay que discutirlo. ¿Cómo un director de empresa puede darse el lujo de eliminar la plaza de auditor?”, señaló.
En las postrimerías de la reunión de trabajo, Odalys Ordaz convocó a lograr la máxima calidad en los informes especiales para evitar devoluciones. En ese sentido, explicó, se creó un grupo de control de la calidad que revisará todos los documentos, previo a la discusión con las entidades.
Por su parte, Reynol Pérez Fonticoba, reconociendo que no todos los equipos de auditores están en las mismas condiciones desde el punto de vista material, llamó a emplear más la informática y los programas desarrollados específicamente para la actividad. Consideró bajos los presuntos hechos delictivos detectados y recomendó poner en el centro de atención a aquellas empresas con pérdidas o sobrecumplimiento de utilidades.
Entre las proyecciones de trabajo para 2022, la Contraloría provincial prevé incrementar el completamiento de las plantillas de auditores en todas las estructuras, continuar la capacitación y promover la autosuperación de auditores, así como la supervisión del cumplimiento de las Normas Cubanas de Contabilidad de Auditoría.