La confirmación de que lo hecho en comunidades como La Clementina, Punta Alegre o Liborio no será un tentempié, sino estrategia de transformación integral de barrios vulnerables con vocación de sostenibilidad, puede leerse en un informe preparado por la Secretaría del Gobierno en Ciego de Ávila.

Este año están aprobados 77,3 millones de pesos que permitirán trabajar en 66 barrios de 32 consejos populares, a lo largo y ancho de la geografía provincial. En total se prevén 794 acciones que, a su vez, darán respuesta a 151 planteamientos de la población, algunos considerados históricos.

Isabel Eng Pernas, jefa de la Secretaría del Gobierno, actualiza y guarda cada cifra, argumentación y plan en el sistema informático, como quien no puede permitirse perder un dato. No es que dependa la ejecución de lo que diga un papel, pero la funcionaria sabe que la concreción de las acciones comienza por la organización y la planificación.

Según dijo a Invasor, el presupuesto para la transformación de comunidades y barrios vulnerables fue asignado centralmente, aunque también se utilizará lo destinado a reparaciones y mantenimientos en los municipios. Así, por trimestres, se avanzará en varias direcciones, dígase el arreglo de viales, rehabilitación de escuelas, bodegas y consultorios médicos, construcción de áreas de recreo y deportivas, y erradicación de pisos de tierra.

Comparado con lo hecho en el segundo semestre de 2021, lo previsto para el 2022 se queda un poco por debajo (794 acciones contra 990 el año pasado), pero acaso lo definitivo aquí no es la cifra, sino la constancia, el rigor y la sostenibilidad de las soluciones a problemas y deudas sociales.

El plan provincial se nutre de los informes por territorio, los cuales fueron discutidos y aprobados en enero por cada una de las asambleas municipales del Poder Popular. Si no se violó ningún paso, a estas alturas del año cada comunidad conoce el alcance de las acciones porque, tal y como se ha insistido desde la máxima dirección del país, es el pueblo en la base quien determina qué se hace y dónde.

Una mirada rápida a esos informes da cuenta, por ejemplo, de la terminación del acueducto en Corojo, cinco viviendas estatales en El Frutero y la reparación de la panadería en Pesquería, todo en Baraguá. En Chambas, entre otras acciones, se terminará el puente de hierro en el reparto Ignacio Agramonte y se instalará un gimnasio biosaludable en Biscusia. Mientras que en Ciro Redondo el plan prevé erradicar 10 pisos de tierra en la comunidad Manguito, así como electrificar 17 viviendas en Laguna Vieja, entre otras.

Los moronenses tendrán que ponerle todas las ganas a la reparación del consultorio médico de Tuero—tal y como quedó dicho durante una visita al municipio del miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en la provincia, Carlos Luis Garrido Pérez, ya reseñada en este periódico— y concluir la rehabilitación integral del centro comercial de Patria. En tanto, Florencia pondrá recursos materiales y financieros para reparar el camino desde la loma del Pitirre hasta Blanquizal, en el primer trimestre, y en el tercero mejorar las condiciones del círculo social en Limpios Grandes.

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Con este impulso transformador deben “nacerle” dos aulas más a la escuela Carlos Paneque, en la comunidad violeteña de Ognara, y quedar remodelado el pequeño bulevar de Pedro Ballester.

Ahora que al Macizo Cañero se mudaron más personas será imprescindible recuperar y mejorar los viales internos de la comunidad, de ahí que esté encabezando la lista de pendientes en Venezuela, así como la entrega de una vivienda a una madre con tres hijos en La Ofelia.

En Miraflores y el resto de las comunidades vulnerables de Bolivia el plan es ambicioso y tiene que serlo porque los planteamientos también son abundantes. Las acciones van desde la pintura y el embellecimiento de espacios públicos hasta las mejoras de servicios básicos como el acueducto, las farmacias y los consultorios médicos.

Otro tanto harán en Majagua (Orlando González y Limones Palmero) y en el municipio cabecera, donde se trabajará en siete comunidades y barrios, con un presupuesto superior a los 40 millones de pesos.

De acuerdo con Eng Pernas, el sistema de trabajo de las instancias provinciales y municipales ha incorporado el chequeo y control sistemáticos del cumplimiento de estos planes, así como el intercambio directo con la población.