Entre el incumplimiento de las obligaciones tributarias y el delito de evasión fiscal hay un camino corto que, al cierre de 2021, transitaron nueve contribuyentes en Ciego de Ávila, luego de que la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) agotara los recursos legales y de convencimiento, sin resultados.
Los nueve trabajadores por cuenta propia, ocho de Morón y uno de la ciudad cabecera, incurrieron en este tipo de delito y fueron juzgados en la Sala de lo Penal, al haberse determinado sus deudas y vencido el plazo del requerimiento para el pago. Maidelis Díaz Aragón, subdirectora primera de la ONAT provincial, dijo que el monto del adeudo es superior a los cinco millones de pesos.
Tal cifra explica las sanciones de privación de libertad, comprendidas entre tres y cuatro años, y trabajo correccional con y sin internamiento, así como el mandato de pagar el total de la deuda contraída con “el fisco”.
Díaz Aragón recordó que los tributos captados por el Estado cubano permiten respaldar muchos de los gastos sociales, dígase Educación, Salud y Asistencia Social. La directiva especificó que la ONAT tiene un plazo de hasta cinco años para procesar los expedientes por Evasión Fiscal.
En 2017, la ONAT procesó y presentó a tribunales más de 200 evasores fiscales. Un reportaje de Trabajadores se refirió al tema. Un año después, el propio medio dijo que se dictaron 67 sentencias por evasión fiscal, con 155 personas sancionadas. Mientras que al cierre de julio del 2019 ya había 71 contribuyentes declarados culpables de este delito, lo que conlleva penas de hasta ocho años de privación de libertad.
De acuerdo con la subdirectora provincial, el incumplimiento del pago de las contribuciones es el mayor problema que enfrenta hoy la oficina tributaria en Ciego de Ávila, “porque el no pago de los tributos, además de ser una indisciplina grave, conduce a la falta de financiamiento en el Presupuesto, lo cual frena o impide la ejecución de obras de bien público”.
La indisciplina hoy toma cuerpo en varias “modalidades”: falsear la información, omitir ingresos recibidos, tener el Registro de Ingresos y Gastos desactualizado, no ajustar la contabilidad y el registro de sus operaciones a las normas vigentes o no llevar la contabilidad que se exige, entre otras.
En ese sentido, una nota publicada en el portal tributario (www.onat.gob.cu) da cuenta de la ejecución de operativos fiscales para apoyar las acciones de control popular contra el aumento de precios. Con el objetivo de “verificar el cumplimiento tributario de las obligaciones de carácter pecuniario (de pago) y no pecuniario (deberes formales) de contribuyentes previamente seleccionados e identificar personas naturales que ejercen sin estar inscritas (ilegales)”, en todo el país se están realizando estos operativos.
Hasta febrero, en predios avileños fueron identificados 137 contribuyentes (trabajadores por cuenta propia) incumplidores de sus obligaciones y un ilegal, a los cuales se les determinó deudas o se les aplicó multas, por un valor superior a los 198 000.00 pesos.
Morón y la ciudad capital son los territorios de mayor incidencia en la indisciplina fiscal, pero en general todos los municipios tienen contribuyentes morosos, una conducta identificada como proclive a la evasión.
La nota de la ONAT indica que, en total, se desarrollaron 2 681 acciones de control fiscal contra el incremento de precios, todas sobre personas naturales, que arrojaron como resultado la determinación de adeudos con el Presupuesto del Estado ascendentes a más de10 millones de pesos, al cierre del 21 de marzo último.
El hecho más importante constatado en este control fiscal, detalla la publicación, “fue la no correspondencia entre los ingresos y los aportes realizados: los primeros crecieron debido al incremento de los precios, en cambio los segundos, que también debieron haberlo hecho, no experimentaron el aumento correspondiente. Lo cual fue un claro indicador de subdeclaración”.
De hecho, el 70 por ciento de las deudas tuvieron como causa la subdeclaración. “Se comprobó que dejaron de aportarse más de siete millones de pesos, a los cuales se sumaron más de 200 000 correspondientes al Recargo por Mora establecido por liquidar fuera de la fecha legalmente establecida”.