Con la implicación del gremio de los juristas, organizaciones políticas, sociales y de masas, la provincia de Ciego de Ávila implementa con éxitos el Código de las Familias, proceso que exige constancia en la preparación de los operadores de esa normativa, recién aprobada en el país mediante referendo popular.
Celia Ynchausti Pérez, vicepresidenta de la filial avileña de la Unión de Juristas de Cuba, subrayó que al entrar en vigor la nueva ley se desarrollan estrategias para ajustar el funcionamiento de los organismos adscritos al Ministerio de Justicia y los Equipos Asesores Multidisciplinarios de Procesos Familiares.
Señaló que no se tramita un número considerable de procesos y demandas, sin embargo, es apreciable el interés y la confianza en el Código para resolver conflictos relacionados con la guarda y cuidado de menores por parte de los abuelos ante la emigración, desaparición, limitaciones físicas o mentales de los padres.
Agregó que se gestionan casos relacionados con la disposición de bienes transferidos a menores mediante testamentos, violaciones del régimen de comunicación, y el cuidado y protección de los adultos mayores en el entorno familiar.
Otros asuntos están relacionados con manifestaciones de violencia doméstica y de identidad de género, en el último caso favorecidos por la selección de la provincia para implementar un programa de atención a personas transgénero, contra y entre las cuales resultan frecuentes las expresiones de discriminación.
María Félix Arocha Hernández, fiscal provincial del Departamento de Protección a las Familias y Asuntos Jurisdiccionales, se refirió al dictamen de más de 20 casos relacionados con utilidad, necesidad y procesos de jurisdicción voluntaria, incluida la adopción de un menor por una pareja de médicos, incidente que tuvo gran impacto en las redes sociales.
Destacó que la Fiscalía ha dado curso a procesos asociados a la protección de las mujeres, tanto en el ámbito familiar como en el jurídico-penal, con medidas que benefician a víctimas y victimarias de hechos delictivos, contemplada la interposición de medidas cautelares a su favor.
Explicó que tras la aprobación del Código se ha dado solución jurídica a situaciones en la Casa de Niños sin Amparo Familiar, donde existen infantes con estancia prolongada, como el caso de una pequeña que podrá reunirse con sus padres extranjeros, a partir de los beneficios de la nueva ley y coordinaciones efectuadas por la Fiscalía y los ministerios de Educación y Relaciones Exteriores.
Ejemplificó que se facilita la toma de decisiones respecto a menores con prolongada estancia en ese Hogar, al establecerse un término de 180 días para suspender la responsabilidad parental ante el abandono persistente, de forma que se pueden solucionar y contrarrestar conductas negativas y carentes de valores.
