Con la implementación de nuevas medidas e integración de todos los factores sociales, Ciego de Ávila fortalecerá el combate contra el delito, la corrupción, ilegalidades e indisciplinas sociales, según se informó en el Consejo Provincial de Gobierno correspondiente al mes de octubre.
El arreciamiento de las medidas preventivas y de enfrentamiento a esos flagelos tiene como propósito reducir hechos que perturban el orden interior, la tranquilidad ciudadana y el desarrollo económico y social, al atentar contra los esfuerzos para superar una crisis multicausal en el país.
Ángel Aragón César, coordinador de Programas y Objetivos de la Defensa en el Gobierno Provincial del Poder Popular, expuso que se asumen como referentes las acciones contenidas en la Operación Lucha contra Coleros (OLCC), implementada desde agosto de 2020 por indicaciones del Primer Ministro Manuel Marrero Cruz.
Surgida en el contexto de la pandemia de COVID-19 y las dificultades con los abastecimientos de productos de primera necesidad, esa misión reforzó la protección en objetivos económicos de interés tras constituirse grupos de trabajo especializados en la provincia y los municipios, explicó.
Hasta la fecha en el territorio avileño se radicaron más de 14 mil 700 denuncias y procesaron a más de 16 mil 500 personas, incluidos coleros, revendedores en espacios físicos y virtuales, y poseedores de casas‒almacén, fábricas, talleres y puntos de venta ilegales, además de vinculados al Tráfico Ilegal de Divisas.
Destacó que se mantienen las prioridades para el enfrentamiento en los municipios de Ciego de Ávila y Morón, donde se concentra el mayor número de habitantes y centros a resguardar, sin desestimar el resto de los territorios.
Por la importancia económica, se evalúan las particularidades de la OLCC con los consejos de administraciones y entidades implicadas en los municipios de Baraguá y Venezuela, añadió.
Aragón César puntualizó que se mantiene la venta de productos de primera necesidad a través de los Comités de Defensa de la Revolución y circunscripciones, medida que catalogó como eficiente al evitar aglomeraciones de personas y, por ende, contener el accionar de coleros y acaparadores en las cadenas de tiendas.
En tanto, modalidades implementadas para el expendio de otros productos favorecen las manifestaciones de acaparamiento y reventa en todos las localidades, lo que constituye un problema resolver con inmediatez.
Como prioridades para el enfrentamiento se definen las casas de cambio y entidades de la Cadena Cubana del Pan, los puntos de venta de gas licuado de petróleo, las farmacias (en los días de venta de medicamentos) y los servicentros, estos últimos por la situación existente con el combustible.
Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del Comité Provincial del Partido, exigió el cumplimiento de regulaciones para la venta de combustibles en los servicentros, considerando los riesgos que implica la concentración de personas y vehículos en esas áreas cuando se expende de manera liberada.
Llamó la atención sobre la existencia de personas fumando, autos encendidos y otras violaciones del régimen de seguridad contra incendios en las área de despacho de diesel y gasolina, circunstancias que exigen una actuación inmediata para evitar accidentes.
El gobernador Tomás Alexis Martín Venegas indicó proceder con racionalidad en el control de la comercialización liberada de combustibles, los precios de productos de primera necesidad y los recursos que se expenden mediante ventas de garaje, además de exigir el resguardo de los productos en los almacenes para evitar sustracciones que favorezcan el comercio ilegal.
Orientó a los municipios perfeccionar el desempeño en los sitios identificados como de mayores conflictos y la actuación contra los individuos desvinculados del estudio y el trabajo.
Enfatizó que las acciones de enfrentamiento deben estar respaldadas por un mayor accionar de las instituciones estatales y no estatales, en función de satisfacer las necesidades fundamentales de la población.