La marcha del proceso de bancarización en el país centra los debates de la comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional en su segunda jornada de trabajo.
Al presentar el informe ante los diputados, la ministra presidenta del Banco Central, Juana Lilia Delgado Portal, dijo que un año después de iniciado el proceso se pueden abordar los principales avances y problemas en su desarrollo.
Ante la presencia del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la ministra comentó que entre los principales problemas identificados está que los actores económicos no depositan regularmente sus ingresos, incumpliendo lo establecido en las regulaciones del Banco Central de Cuba (BCC).
"Uno de los asuntos más recurrentes es la no implementación de las plataformas de pago electrónico en un alto número de establecimientos, violando las normas establecidas por el Ministerio de Comercio Interior (Mincin), a la vez que persiste la no aceptación de los pagos electrónicos cuando sí poseen esta facilidad", agregó.
Se dio a conocer que la relación entre el efectivo circulante fuera del sistema bancario y los pagos digitales trazados solo alcanza un 3.77%, lo que significa que por cada peso en efectivo en circulación, solo tres centavos se realizan de forma digital.
También se ha identificado que algunos actores económicos brindan el código QR con el número de la tarjeta personal. "Tampoco se usan las cuentas corrientes con propósitos fiscales".
Agregó que persiste un alto nivel de evasión fiscal.
A partir de este panorama, se aprobaron varias medidas para solucionar los problemas detectados y agilizar la implementación del proceso. Entre ellas resaltan:
Identificar y bloquear el 100% de las cuentas bancarias asociadas a negocios que no tengan movimientos.
Disminuir el límite máximo permitido para efectuar transferencias desde las cuentas asociadas a negocios hacia las cuentas de personas naturales.
Definir los conceptos autorizados para dichas transferencias.
Incrementar las acciones de monitoreo y supervisión de los bancos sobre los actores económicos y las personas naturales, a fin de identificar transacciones irregulares.
La ministra destacó que la bancarización es una prioridad del Gobierno y no un proceso aislado. Sus objetivos fundamentales son acelerar las acciones para incrementar la inclusión financiera de la población.
La ministra informó que como resultado de las acciones de enfrentamiento, han sido identificados 63,270 trabajadores por cuenta propia (TCP) subdeclarantes de impuestos y contribuciones, que han dejado de pagar 340 millones al Presupuesto del Estado. Adicionalmente, se han impuesto sanciones accesorias por 95 millones de pesos, y se han cobrado 281 millones de pesos.
También se han identificado 1,188 micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) subdeclarantes de impuestos y contribuciones, que han dejado de pagar 152 millones al Presupuesto del Estado. Adicionalmente, se han impuesto sanciones accesorias por 72 millones de pesos, y se han cobrado 113 millones de pesos.
Por no tener abierta o no operar la cuenta bancaria fiscal, se han impuesto 1,831 multas, 115 regulaciones migratorias, 127 solicitudes de retiro temporal de la autorización para ejercer la actividad, y 24 solicitudes de retiro definitivo.
Se han fiscalizado 44 TCP que importaron mercancías en 2023 y 2024, a los que se les ha determinado una deuda de 133 millones, de la cual se han cobrado 66 millones. También se fiscalizaron 18 MIPYMES importadoras, con una determinación de 40 millones de pesos, de los cuales se han cobrado 24 millones.