El incremento de la percepción del riesgo sobre fenómenos naturales asociados al cambio climático favorece la comprensión y el respaldo al proyecto de Decreto Ley de Costas, sometido en la actualidad a consulta popular en asentamientos ubicados en los litorales norte y sur de la región central del país.
Teresa Dolores Cruz Sardiñas, especialista de Dirección General de Medio Ambiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), destacó en la provincia de Ciego de Ávila, que se aprecia conciencia sobre la necesidad de implementar acciones para proteger los ecosistemas y comunidades costeras.
Reconoció que la incidencia de proyectos internacionales vinculados al manejo integral costero y el enfrentamiento al cambio climático ha creado conocimientos y capacidades para aumentar la resiliencia ante el ascenso del nivel medio del mar, la pérdida de vegetación, intrusión salina y eventos hidrometeorológicos extremos.
En este contexto se desarrolla un debate popular que demuestra identificación con una propuesta de normativa dirigida a asegurar la protección de los recursos naturales y habitantes de las costas, catalogadas como ecosistemas vulnerables, donde acontecen actividades económicas y sociales propias de una isla como Cuba.
Las principales propuestas e inquietudes de los ciudadanos han estado relacionadas con las regulaciones para la pesca y la relocalización de viviendas próximas al litoral, esto último a partir de los resultados de estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos que confirman el aumento del nivel medio del mar y la intensificación de los huracanes.
La también Máster en Derecho Ambiental, explicó las complejidades en que se produce la reubicación de domicilios cercanos a la línea costera, teniendo en cuenta que implica cambios en patrones socioculturales y la conformación de nuevas estructuras que garanticen la seguridad y calidad de vida de la población.
Yanaima Barrisonte Rodíguez, presidenta del consejo popular Júcaro, en el municipio de Venezuela, al sur del territorio avileño, declaró que antes de la consulta con especialistas del CITMA efectuaron debates con los factores representados en la comunidad.
En la nueva propuesta de ley se reconocen beneficios al facilitar construcciones en el litoral para proteger las embarcaciones y artilugios de pesca, siempre que se ajusten a los requerimientos ambientales definidos en el propio cuerpo legal, destacó.
Comentó que también han surgido inquietudes relacionadas con el impacto económico, social y ambiental del pedraplén sur, ante lo cual se adoptan medidas que contribuirán al restablecimiento de las condiciones naturales en el área y, por consiguiente, el resto de las actividades, según notificó la Delegación Territorial del CITMA.
Barrisonte Rodíguez consideró que la propuesta de normativa está ajustada a las necesidades y realidades de los poblados costeros, de forma que puede contribuir a la transformación socioeconómica y espiritual de barrios y comunidades.
Al concluir en la región central del país, la consulta popular se extenderá hacia asentamientos de ribera en la porción oriental y está previsto que concluya en la zona occidental antes de finalizar el actual año, de acuerdo con el cronograma de la Dirección General de Medio Ambiente del CITMA.
Concebido como complemento de la Ley de Sistema de Recursos Naturales y Medio Ambiente, aprobada en el presente año, el proyecto de Decreto Ley de Costas tiene el propósito fundamental de educar y sensibilizar a las personas sobre los fenómenos que acontecen en las zonas costeras para facilitar el manejo sostenible.
Con esa finalidad también regula las acciones antrópicas en esos ecosistemas, lo que sustenta la decisión gubernamental de efectuar un proceso de consulta popular con los factores sociales y económicos cuya gestión se centra en esas áreas, de manera que aporten a la construcción legal a partir de sus necesidades y experiencias.
Iniciado en el año 2016, la conformación de este proyecto estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario ―integrado por oceanógrafos, químicos, físicos, biólogos, geógrafos, juristas y otros― a los cuales se sumaron representantes de Organismos de la Administración Central del Estado, los Órganos del Poder Popular y el Ministerio de Justicia.
Desde el año 2000 Cuba posee un decreto ley que regula la gestión en los litorales, en el que se trató de organizar toda la actividad económica e introducir los principios del manejo integrado costero.
La actual propuesta tiene sus antecedentes en programas directivas, macroproyectos, planes y políticas del Estado para enfrentar el cambio climático y perfeccionar el sistema ambiental.