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    A favor o a espaldas de lo legislado

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    “Echen pacá”, dice el anfitrión en tono campechano, para indicar que las puertas están abiertas, y que la disposición del colectivo es la idónea para aprender y rectificar lo que en los primeros días de funcionamiento no se hizo bien.

    A favor o a espaldas de lo legislado

    No se trata de la bienvenida a un grupo espontáneo de visitantes, sino a quienes vienen a controlar y fiscalizar, pero sobre todo a obrar en el buen sentido, quizás por eso, algunos de sus integrantes no están muy satisfechos con la identificación de Grupo de Prevención y Enfrentamiento para el control de… y a continuación una retahíla de aspectos, entre los cuales se incluyen los procesos de bancarización, precios, pagos en tiempo y forma al fisco…

    Basta escucharlos para advertir que Gustavo, Iran, Rosa María, Madelaidy, María de la Caridad, Osvaldo, Hilda, comprenden que su tarea básica, la de todos los días, se resume en verbos como orientar, alertar, explicar, enseñar, educar. Para que la previsión señale el rumbo seguro de la gestión económica de quienes protagonizan la satisfacción de muchas necesidades de la población, habida cuenta de que una parte considerable de las personas que hoy asumen actividades económicas carecen de experiencia en esa rama.

    En la antesala de una nueva jornada, esta vez en compañía de un equipo de Invasor, Gustavo Rodríguez García, funcionario del Gobierno provincial, precisa que este en un grupo que engrana con uno mayor y aún más abarcador. “Todos los lunes se lleva a cabo en horas de la tarde la reunión del Grupo Provincial de Enfrentamiento al delito, mediante videoconferencia participan los integrantes del resto de los municipios. Se analizan las acciones realizadas en la semana, entre ellas, el control del ganado, los precios, se pasa revista a los incumplimientos de las obligaciones con la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), se analizan las violaciones de las cadenas de pago, incluso, se presenta un resumen de las acciones realizadas en el transcurso de la semana y concurren los responsables de la ocurrencia de hechos extraordinarios.

    Orden y buenos augurios

    Desde el primer día de junio, el Big Bong funciona como un establecimiento del trabajo por cuenta propia situado en la Carretera a Morón. La constante afluencia de público corrobora la variedad y el alcance de los servicios que presta el titular Yuliesky Hernández Moreno y parte de su familia en el local, arrendado a la Empresa de Cepillos y Artículos Plásticos (CEPIL).

    Una vez que, a nombre de la Dirección Integral de Supervisión (DIS), se da el visto bueno a la revisión, los inspectores emprenden la faena. Del orden que se advierte en la observación preliminar, los especialistas pasan a la revisión detallada.

    En la medida que transcurre el tiempo, cada cual se encarga de trasmitir y explicar la información que aún desconoce el joven. Con el didactismo de que es capaz, María de la Caridad Rópeda, gerente de negocios de la Sucursal 5512 del Banco Popular de Ahorro, le precisa que si bien tiene formalizado los contratos y efectúa los depósitos según lo establecido, le resta disponer de una aplicación esencial, “apenas recojas las tarjetas, le dices a las muchachas —porque tienes que esperar 21 días—, que te pongan la Banca Remota en tu teléfono, así puedes revisar tus estados de cuenta, pagarle desde ahí a los proveedores, además, le puedes dar acceso al que te lleva la contabilidad. Estamos tratando de que las personas acepten las transferencias, no el efectivo. El dinero que te entra, lo depositas al banco y con ese es que tú le pagas, pero a través de transferencias, por eso está el Código QR, por eso está la Banca Remota”.

    Entretanto, Rosa María López Pérez y Madelaidy Poll Caballero, inspectoras provinciales de la DIS, buscan y rebuscan, comprueban si no ha caducado la fecha de vencimiento de alguna mercancía, la adecuada calidad de los productos, la visibilidad de los precios, y si cuanto se oferta está dentro de lo incluido en el proyecto de trabajo.

    Queda claro que las deficiencias detectadas resultan perfectibles. “Todo lo puede corregir, lo que hay que hacerle una visita en uno o dos meses”, comenta a la prensa Osvaldo Fernández Torres, jefe del departamento de fiscalización y auditoría fiscal en la ONAT provincial, quien minutos antes había alertado acerca de la imprescindible acreditación de las cuentas fiscales, “luego, acreditar un efectivo en caja, declarar tu capital inicial para comprar todo ese volumen de cosas y a partir de ahí, declararlo contablemente para evitar males mayores, porque un negocio tiene que abrir con la contabilidad en regla desde el primer día”. Así se explica que, al término del chequeo, por no tener actualizado el registro de ingresos y gastos, se le imponga una multa, a tenor de lo establecido en el Decreto Ley 45 del Consejo de Estado, por una cuantía de 500 pesos.

    Minutos después, Yuliesky ratifica la disposición de acatar de inmediato las orientaciones; asegura que, en el menor tiempo, eliminará las deficiencias.

    Si la suma de los ingresos en efectivo alcanza la cifra de 100 000 pesos, el depósito debe realizarse al siguiente día hábil bancario

    De oídos sordos y un canal inefectivo

    Otra es la cara que aprecia el grupo cuando hace acto de presencia en Los Ruizes, unidad igualmente situada en la Carretera a Morón, en la que se reiteran deficiencias en la gestión cuentapropista detectadas con anterioridad; de hecho, varios de los inspectores afirman que nunca han podido contactar con el titular del emprendimiento en este punto de la capital provincial.

    Por momentos el diálogo adquiere ribetes desagradables. Aunque prevalezca la ecuanimidad de las partes, por momentos “el río parece desbordarse”, lógica reacción si saltan a la vista las evidencias de que, desde finales de 2023 y hasta los días que corren, se ha hecho bien poco allí en función de la legalidad.

    Lamenta Hilda Batista Fernández, inspectora de la Dirección Estatal de Comercio que se ha pasado por alto la obligación de implementar, al menos, una de las pasarelas de pago digital, según lo establece la Resolución 93 de 2023 del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), que indica la obligatoriedad de las entidades dedicadas al comercio de asegurar a los consumidores el acceso y uso de los canales electrónicos de pago.

    También conduce a contravenciones adoptadas de inmediato, la venta de productos vencidos, trabajadores ilegales en la cocina y el mostrador, y la carencia de la documentación que exige la sucursal del Banco de Crédito y Comercio al que solicitaron asociarse.

    Antes de la decisión terminante de cerrar el negocio, hasta tanto se dé solución a las deficiencias, la inquietud del colectivo acerca de las demoras en los proceso de inscripción de los respectivos proyectos de trabajo motiva un amplio debate, al que se incorpora Juan José González Carballeira, jefe del Departamento de atención al sector no estatal en la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

    El panorama actual provoca el choque de dos realidades en franca contradicción, de una parte, ningún trabajador puede ejercer si no se le ha aprobado su proyecto, pero en la práctica la aprobación suele concederse al cabo de varios meses.

    Reflexiona González Carballeira que “la persona puede trabajar con el otorgamiento del Anexo 2 que se otorga por Trabajo y Seguridad Social, pero muchos no van a buscar ni eso. Lo que está establecido es que debe demorar 21 días, sin embargo, hoy tenemos más de 3000 proyectos ‘enredados‘ en la provincia, más de 1500 en el municipio Ciego de Ávila, por las demoras que hay en el proceso de inscripción y en el propio sistema que tiene implementado la ONAT. A partir de que la persona está inscripta en la ONAT, el funcionario de Trabajo solicita a esta el correspondiente vector fiscal y emite entonces el certifico del Anexo 2 con los datos esenciales que dice que puede comenzar a trabajar”.

    La solución del entuerto burocrático depende de la estructuras de la ONAT en la provincia, y de la cooperación que en ese sentido pueden ofrecer, incluso, miembros del Grupo de Prevención y Enfrentamiento; redundaría, además, en una mayor autoridad y rigor a la hora de actuar sobre los que, está claro, no deben actuar a espaldas de la ley, pero encuentro un asidero justificativo en esta debilidad.

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