En lo que va de año, en la provincia se han realizado 16 642 inspecciones, mediante las cuales se detectaron 10 835 violaciones.
Ante los precios astronómicos que pululan por estos días en tarimas y carretillas, no son pocos los que claman por la presencia de inspectores que hagan cumplir lo establecido en la legislación vigente y pongan coto al desenfreno. Del otro lado del mostrador, en cambio, aluden a su figura como la persona que puede “salarles” el día con una multa o hasta el decomiso de un bien, si son sorprendidos fuera de base, a sabiendas de que no actúan con apego a la Ley.
Entre lo uno y lo otro, la Dirección de Inspección Provincial (DIP) y su equipo similar en todos los municipios, tiene entre sus funciones velar por el cumplimiento de los decretos que están vigentes, referidos a los precios de todo lo que se venda, la calidad de esos productos, su procedencia; higiene y ornato público, carretoneros, mal uso de los recursos hidráulicos y el desempeño de los trabajadores por cuenta propia (TCP), entre otros.
Irán Cano González, jefe de Grupo General de Inspección Provincial, explicó a Invasor que resulta difícil y compleja la formación de los inspectores, pues son muchos los aspectos que deben dominar y los decretos que tienen que conocer para aplicar las contravenciones cuando corresponda.
“Requiere tiempo prepararlos adecuadamente y ocurre que, cuando comienzan el trabajo en la calle, muchos se van, pues no soportan el rigor”.
Esta situación incide en que el municipio cabecera, aun habiendo capacitado a más de un centenar de inspectores, apenas tenga cubiertas 10 de las 20 plazas disponibles. A pesar de la escasez de personal, la dirección provincial se ocupa, además, de la verificación directa en el terreno, de la actividad metodológica y de asesoramiento a los municipios y de la formación de nuevos inspectores.
Hoy tienen, entre las tareas de prioridad, el seguimiento al Decreto 30 de 2021, que establece las contravenciones personales, sanciones, medidas y procedimientos a aplicar por la violación de la política de precios en la comercialización de bienes y servicios, de forma mayorista o minorista.
La norma, igualmente, define en qué consisten los precios abusivos y especulativos y establece severas cuantías de entre 5000.00 y 15 000.00 pesos por violaciones de tarifas y precios.
También es de verificación permanente el Decreto 272 de 2001, que rige las conductas y las medidas aplicables en materia de Ordenamiento Territorial y el Urbanismo, con los aspectos del ornato, la higiene comunal y los monumentos relacionados con esta disciplina, así como las multas para quienes no cumplan con la higienización de las comunidades y arrojen escombros o basura en lugares no establecidos. Por su parte, el Decreto 45 de 2021 norma la actividad de los TCP y todas sus funciones.
Para tener una idea de la magnitud del trabajo que realizan, Cano González ejemplificó con cifras que dejan a la vista la necesidad del control permanente. “En lo que va de año, en la provincia se han realizado 16 642 inspecciones, mediante las cuales se detectaron 10 835 violaciones, con igual cantidad de multas, por un monto total de más de 5 millones de pesos”.
La actividad de precios es la de más incidencias, así como la higiene comunal, los cocheros sin licencia o sin colector de las heces del caballo, entre otras; en tanto el área de los TCP es la que más incurre por precios no visibles o pizarras informativas que presentan el valor de un producto diferente al real.
A pesar de la carga de trabajo, el cuerpo de inspectores asume con responsabilidad nuevas tareas, que sabe redundarán en beneficio de la población.
Dijo Irán Cano González que el Consejo de la Administración del municipio Ciego de Ávila aprobó la actualización de los precios de los productos agropecuarios, cárnicos y embutidos, mediante el Acuerdo 1349, de fecha 8 de noviembre de 2023.
Por ese motivo, acota, se ha estado informando a todos los trabajadores los precios concertados para que sean de dominio público, pues las multas a aplicar son altas y quien reincida en la violación de precios en el mismo año, se le puede solicitar el retiro de la patente.
El directivo apeló a los TCP para que ayuden a cumplir lo establecido y no se escuden en el hecho de comprar los productos caros a los campesinos, ya que, de ser así, van a tener pérdidas, pues no podrán venderlos a otros precios que no sean los concertados.
Asimismo, solicitó la cooperación de la población para detectar casos de infracción y reportarlos a través del teléfono 33207123, en aras de actuar con inmediatez.
Recordó que algunas personas actúan con muchas mañas para despistar a los inspectores y timar a los clientes, y solo la acción conjunta de todos los factores puede contribuir a detener la escalada inflacionaria y reducir los precios.